UN SHOCK A MEDIAS

Por Mauricio Ríos García

Economista y autor de Auge y Decadencia de Bolivia (2003-2023)

Durante los primeros 30 días del gobierno de Paz-Lara, traté de advertir que el momento ideal para un recorte ambicioso del gasto público ya había pasado, y que cualquier ajuste posterior sería desordenado, aunque de todas maneras necesario. Eso ocurrió a los 40 días con la promulgación del Decreto Supremo 5503.

Se eliminó la subvención a los combustibles, una medida acertada y que merece reconocimiento, pero fue una eliminación transitoria por seis meses y, lo más difícil, parcial: no se liberalizaron los precios hacia niveles internacionales, sino que se fijaron valores temporales —gasolina a Bs. 6,96/litro y diésel a Bs. 9,80—. El costo real de importación y distribución ronda los Bs. 12 por litro de gasolina, según estimaciones empresariales y referencias globales. En términos económicos, esto se podría identificar como un problema de “undershooting”.

El Gobierno atacó una consecuencia grave —el contrabando, que desviaba hasta el 25-30% de los $2.000-2.500 millones anuales en importaciones y fomentaba corrupción en YPFB—, pero dejó el problema principal a medias. Hay un shock fiscal parcial, acompañado de un gradualismo monetario y cambiario. Faltó un anuncio claro y simultáneo sobre el tipo de cambio, lo que genera distorsiones aún mayores.

El decreto instruye al BCB a transitar hacia un nuevo régimen cambiario —posiblemente bandas o flotación administrada—, pero sin detalles ni cronograma. El alivio fiscal, estimado entre 2.000 y 3.500 millones de dólares, se destinará a acumular reservas y captar financiamiento externo, creando un colchón de divisas. Sin embargo, con undershooting en los precios de combustibles y un tipo de cambio oficial aún fijo (Bs. 6,96), el paralelo —que hoy, 19 de diciembre, ya supera los Bs. 10— volverá a presionar en seis meses o menos.

Al establecer un “valor de referencia”, se envía una señal incorrecta al mercado, haciéndolo pensar que existe un nuevo tipo de cambio estable y que es posible mantenerlo sin medidas fundamentales, como acumular reservas significativas. Esto podría erosionar eventualmente la credibilidad del BCB y Hacienda, y dificultar su recuperación con un simple cambio de gabinete.

La incertidumbre ahora recae sobre Hacienda: ¿cuánto financiamiento externo se obtendrá y bajo qué condiciones, plazos, tasas, condicionalidades? El Gobierno tampoco ha precisado la meta de déficit fiscal post-ajuste, lo que complica calibrar el colchón para la transición cambiaria.

Si el endeudamiento es insuficiente o el nuevo régimen pierde credibilidad —ancho de bandas, capacidad real de intervención del BCB, confianza del mercado—, el undershooting obligará a subir nuevamente los precios de combustibles. Y eso, la población no lo tolerará. Por eso, esta medida podría considerarse una oportunidad perdida.

Estos seis meses de precios fijos buscan comprar tiempo: limpiar distorsiones internas (corrupción y contrabando en YPFB), acumular reservas y preparar reformas estructurales. Probablemente incluirán una nueva Ley de Hidrocarburos que reemplace la de 2005 y el decreto de nacionalización de 2006, con reglas claras, incentivos para inversión privada y desregulación plena, dejando que el mercado determine precios y abastecimiento.

Ya no vale especular sobre alternativas o comparar con el DS 21060 —un shock no solo de ajustes, sino además de reformas con un nuevo modelo de 20 años—. Este es tecnocrático, poco ambicioso, sin tocar el núcleo de la nacionalización ni el modelo de estímulo de la demanda agregada interna, cortoplacismo y huida adelante.

Lo hecho en combustibles va en la dirección correcta y, aunque incompleto, debe apoyarse. Pero lo esencial es que el Gobierno pidió a la población un sacrificio inevitable, y esta parece dispuesta, pero si el Ejecutivo no responde con uno proporcional —cierre de empresas públicas redundantes, racionalización del Estado, despidos de supernumerarios—, la tolerancia se agotará. La gente exigirá: "Asumimos el sacrificio porque es de todos, pero esperamos que las autoridades también demuestren su compromiso, asegurando transparencia, responsabilidad y justicia para preservar la institucionalidad democrática."